Pedir la inclusión de las personas con autismo implica asumir que están excluidas

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Incluso en los textos legales se habla de la inclusión educativa, por tanto, si hablamos de incluir, implica que hay personas excluidas. Esto es una obviedad, por tanto asumamos que hay personas excluidas de forma social, legal y oficial.

¿No me creen? El artículo 56 del Código Civil español establece que: “quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad establecidos en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”. Es decir, que hasta para casarse deberán demostrar su idoneidad, además de excluirlos, limitamos su libertad, dando por sentado que no pueden tomar decisiones que afecten a su vida sin la intervención y aprobación de un tercero. Osea, son «minusválidos».

Pero no es solo el propio Código Civil, es un extenso conjunto de normativas, reglamentos y disposiciones varias que deciden que la exclusión y diferenciación han de perpetuarse. De esta forma, el diferente vive a expensas de las decisiones de otros, quienes le otorgan su capacidad de relación con sus iguales; bueno, iguales, lo que se dice iguales no, ya que les hemos robado la igualdad, si acaso “parecidos”.

Este aspecto relacionado con la exclusión y segregación de las personas con diversidad funcional (esto no solo afecta a quienes tiene autismo) es visible de forma descarada en el proceso sanitario y educativo, pero realmente se extiende a toda la vida de la persona, tal y como vimos en el artículo 56.

En los aspectos sanitarios vemos cosas curiosas, por ejemplo, si una persona requiere de un tratamiento de diálisis, será el facultativo quien determine cuantas sesiones de diálisis recibirá el paciente, si 3 por semana o 3 por mes. En función del criterio del profesional acreditado se harán más o menos intervenciones. Si alguien debe recibir cualquier tipo de tratamiento médico o rehabilitador, será por tanto el facultativo o profesional quien decida la cantidad y frecuencia de las intervenciones. Pero si tienes autismo no, eso lo decide un reglamento o normativa. Las personas con autismo pueden ser divididas, sumadas, restadas, …, es un reglamento el que decide (indistintamente de su idoneidad) que un niño con autismo debe recibir dos sesiones semanales de 45 minutos de atención temprana. Si realmente necesita 11 horas semanales o 1 da igual, aquí el criterio profesional no sirve de nada, los profesionales del autismo no pintan nada, son considerados por el sistema público unos pringados obedientes.

Es decir, que una atención de terapia ocupacional, integración sensorial, logopedia, psicología (todo esto pertenece al ámbito sanitario), pues la decide un reglamento que alguien decidió en un momento determinado con ningún criterio técnico. Es una violación del derecho a la salud, es una intrusión profesional, ya que un reglamento escrito por un burócrata decide cómo se ha de realizar una atención sanitaria. Bien, nadie dice nada, los profesionales de la atención temprana es obvio que son una especie de Don Nadie, que ni pinchan, ni cortan, ni nada de nada. Y por extensión, las familias de esos niños tampoco ¡Y mucho ojo al que abra la boca!

Y si nos vamos al ámbito educativo, pues lo mismo. Un reglamento, o disposición, o ley, o lo que sea, decide cómo, cuándo, cuánto, dónde y quién dará la atención educativa del niño con autismo. Todo muy normal, igual que en el aspecto sanitario. Claro que aquí, además, haremos todo lo posible para generar todo tipo de trabas, problemas, levantamiento de muros, acoso y derribo a las familias díscolas, amenazas a los profesionales de la educación que tienen claro los derechos de sus alumnos, etc, etc, etc. Así pues, repetimos: Es obvio que son una especie de Don Nadie, que ni pinchan, ni cortan, ni nada de nada. Y por extensión, las familias de esos niños tampoco ¡Y mucho ojo al que abra la boca!

La EXCLUSIÓN social y vital de las personas con autismo es REAL, sus vidas están reguladas, sus derechos se limitan en base a leyes, reglamentos y otros malos propósitos. No son ciudadanos de pleno derecho, no son libres, hasta para casarse necesitan que les demos permiso, aunque para esterilizarlos nadie necesite su opinión. Son MinusVálidos para el sistema.

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